El Tribunal de Justicia Administrativa de Guerrero asestó un golpe directo al gobierno de Abelina López Rodríguez, al emitir una resolución que respalda plenamente a la Auditoría Superior del Estado (ASE) en sus señalamientos sobre un manejo opaco de casi 900 millones de pesos en el municipio de Acapulco.
La resolución confirma que existen observaciones por un total de 898 millones 633 mil 453 pesos, correspondientes a 511 obras y dos acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio fiscal 2023. Estas anomalías fueron detectadas en una auditoría de Cumplimiento a Inversiones Físicas y notificadas formalmente al municipio en abril.
Pese a la gravedad del caso, el gobierno de Abelina López optó por ignorar la auditoría argumentando que la ASE no tiene facultades para fiscalizar recursos federales. No obstante, el Tribunal fue categórico: la ASE sí tiene competencia para revisar la cuenta pública municipal, incluso si los fondos provienen de la federación.
Este fallo desarma por completo la defensa de la alcaldesa morenista, quien ya había anticipado públicamente que no atendería las observaciones bajo el argumento de que los recursos federales sólo pueden ser auditados por instancias federales. El Tribunal puso fin a esa narrativa y reafirmó la legitimidad de la ASE para intervenir.
Con esta resolución, el gobierno de Abelina López tiene 30 días para aclarar las irregularidades detectadas o podría enfrentar sanciones administrativas. La opacidad en el manejo del dinero público en uno de los municipios más emblemáticos del país no puede pasar desapercibida.
En plena reconstrucción tras el paso del huracán Otis, este escándalo lanza una nueva sombra sobre la gestión municipal en Acapulco. El mensaje es claro: la justicia le cerró la puerta al pretexto y le abrió la rendija a la rendición de cuentas.
