Una presunta lista de pagos atribuida al grupo criminal conocido como Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha comenzado a circular y generó polémica luego de que en el documento aparezca mencionado el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con supuestos “apoyos” económicos periódicos.
De acuerdo con la información que ha trascendido, en dicha lista se registraría un monto de 50 mil pesos semanales bajo el concepto de “apoyos” dirigido al municipio gobernado actualmente por la alcaldesa morenista Fabiola Ricci.
La filtración provocó debate público luego de que también se viralizaran en redes sociales publicaciones donde familiares cercanos a la presidenta municipal presumen vehículos de lujo, entre ellos automóviles Audi con valor superior a los dos millones de pesos, además de vehículos todo terreno y eventos privados en los que incluso habría participado el cantante Natanael Cano, intérprete del tema El Azul, canción que ha sido señalada por algunos sectores por hacer referencia al mundo del crimen organizado.
El caso ha cobrado mayor atención pública debido a que la alcaldesa y su entorno ya habían estado en medio de polémicas anteriores. Entre ellas, la difusión de un video en el que uno de sus hijos aparece golpeando a un estudiante menor de edad, hecho que generó críticas y señalamientos en redes sociales por presunto abuso de poder e impunidad.
A estas controversias se suman reclamos de habitantes del municipio, quienes han denunciado que problemas básicos como el acceso al agua potable continúan sin resolverse, mientras cuestionan gastos personales atribuidos a la alcaldesa, como una boda de alto costo y viajes al extranjero.
Todo esto ocurre en un municipio donde, de acuerdo con cifras oficiales, el 66 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza y otro 22 por ciento en pobreza extrema.
Hasta el momento ninguna autoridad federal ha confirmado oficialmente la autenticidad de la presunta lista, sin embargo el caso ha reavivado el debate sobre la posible infiltración del crimen organizado en gobiernos locales y ha generado exigencias ciudadanas para que se investigue el origen de los recursos y la veracidad de los documentos que circulan.
