La explosión que estremeció a Coahuayana, Michoacán, el pasado 6 de diciembre no fue un acto terrorista, como inicialmente se llegó a especular. El vehículo que estalló frente a la base de la Policía Comunitaria dejó cinco personas sin vida y más de una decena de heridos, además de daños en viviendas y comercios, generando un profundo impacto en la población. Sin embargo, tras las primeras horas de confusión, el gobierno federal aclaró la situación y descartó cualquier motivación ideológica detrás del ataque.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que el estallido fue provocado por un vehículo en el que viajaban dos personas, una de ellas el conductor que murió en el acto. Según la información oficial, ambos estarían vinculados con organizaciones delictivas que mantienen una disputa activa en la región. Harfuch fue enfático al señalar que “no existen elementos que indiquen un acto terrorista”, y que todo apunta a un episodio más de la guerra entre cárteles que buscan controlar la zona costera entre Michoacán y Colima.
La Fiscalía General de la República, que inicialmente abrió una carpeta por posible terrorismo, corrigió el rumbo y reclasificó la investigación como un caso de delincuencia organizada. La decisión se basó en que no hubo intención política o ideológica, sino un ataque directo en el contexto de la confrontación entre grupos rivales. Peritos especializados trabajan en identificar el tipo de explosivo usado, la ruta del vehículo y la estructura operativa detrás del ataque.
La región donde ocurrió el estallido ha sido, desde hace años, una pieza clave en el mapa de operaciones criminales. El control de rutas, cobro de cuotas y presencia de policías comunitarias han generado tensiones constantes y hechos violentos que se han incrementado durante 2025. La explosión de Coahuayana se suma a una serie de agresiones que muestran cómo los grupos delictivos han escalado el nivel de violencia, incorporando explosivos y tácticas que antes no eran comunes en esta zona del país.
Harfuch adelantó que habrá un reforzamiento federal en la región mientras las investigaciones avanzan para identificar a los responsables. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada sigue varias líneas de investigación que incluyen material videográfico, análisis de comunicaciones y trazabilidad del vehículo, que habría sido trasladado desde Colima horas antes del ataque.
A pesar del miedo que generó el estallido, el gobierno federal insistió en enviar un mensaje claro: el ataque no fue un intento de sembrar terror nacional, sino un capítulo más de la disputa entre grupos delictivos que operan en la región. La población, no obstante, permanece inquieta ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos, mientras las autoridades federales buscan frenar la escalada de violencia que se vive en la zona.
