Puebla está en la mira… y los poderosos tiemblan.
El gobernador Alejandro Armenta encendió la polémica al lanzar una amenaza abierta contra Grupo Proyecta, empresa inmobiliaria ligada a la familia Posada Coeto: o donan dos hectáreas al gobierno para construir viviendas para policías… o él les expropiará cuatro.
Durante una conferencia de prensa, el mandatario no se anduvo con rodeos:
“Ya se beneficiaron mucho. Es hora de que le devuelvan algo a Puebla”, soltó frente a medios, en lo que fue más una advertencia que una solicitud.
Armenta fijó un plazo de 30 días para que la empresa le diga en qué polígono le dará el terreno. En caso de negativa o silencio, el gobierno iniciará un proceso de expropiación forzada en una zona estratégica de Cholula, al sur de la capital poblana.
La presión viene acompañada de un discurso con tintes populistas:
“Esto no es represión, es justicia”, dijo, minimizando las posibles denuncias legales o mediáticas que pudieran derivarse de su amenaza.
Este movimiento se da en medio de versiones que apuntaban a una supuesta compra de Grupo Proyecta por parte de Grupo México, de Germán Larrea —lo cual fue desmentido.
El mensaje del gobernador es claro: en su administración, el que no coopera, se enfrenta. ¿Genuino acto de justicia social o un abuso de poder disfrazado de solidaridad?
La cuenta regresiva ya comenzó… y el choque entre el poder político y el económico podría explotar en 30 días.
