El caso del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, de 43 años, comenzó como una desaparición que alarmó a toda la Diócesis de Cuautitlán y terminó como uno de los crímenes más impactantes del año en el Estado de México. Todo inició a finales de octubre, cuando el padre Ernesto salió de su parroquia en Tultepec acompañado de una mujer. Nadie imaginó que ese trayecto sería el último que haría con vida. Horas más tarde, el sacerdote llegó a un domicilio ubicado en la Unidad Habitacional Morelos, en Tultitlán, donde ya lo esperaban otras personas. Desde ese momento dejó de comunicarse, y su ausencia encendió las alarmas entre sus feligreses, quienes lo describían como un sacerdote cercano, activo y profundamente querido por la comunidad.
Durante varios días se buscó cualquier rastro. La diócesis difundió su fotografía, la Fiscalía del Estado de México abrió una carpeta por desaparición y las oraciones comenzaron a multiplicarse, pero el silencio se hacía más pesado. Fue hasta la madrugada del 12 de noviembre cuando la historia dio un giro devastador: en un canal de aguas negras en Nextlalpan, dentro de un sillón envuelto en plástico y amarrado con fuerza, las autoridades encontraron un cuerpo en avanzado estado de descomposición. La confirmación llegó después: se trataba del padre Ernesto.
La investigación permitió reconstruir sus últimas horas. Según la Fiscalía, el sacerdote fue víctima del conocido modus operandi de las “goteras”, un esquema donde se seduce o engaña a la víctima para después drogarla y robarla. Dentro del inmueble en Tultitlán, el padre habría sido sedado con Clonazepam. Cuando comenzó a recuperar la conciencia, uno de los implicados lo golpeó en la cabeza, provocándole un traumatismo craneoencefálico que terminó con su vida. Después, su cuerpo fue envuelto en bolsas, amarrado a un mueble y arrojado al canal con la clara intención de desaparecer cualquier evidencia.
Días después, las autoridades anunciaron la detención de tres personas: Brandon Jonathan “N”, María Fernanda “N” y Fátima Isabel “N”, todos presuntamente involucrados tanto en la desaparición como en el homicidio. Un juez les dictó prisión preventiva mientras avanza el proceso, pero la comunidad sigue exigiendo claridad total, pues el crimen dejó una herida profunda en la diócesis y reavivó el debate sobre la creciente violencia que enfrenta la Iglesia en México.
El padre Ernesto había dedicado años a su labor pastoral, y su muerte se convirtió en símbolo de una realidad que se repite con frecuencia: líderes religiosos que desaparecen, son amenazados o asesinados sin que existan garantías de seguridad. Hoy, su comunidad llora, exige justicia y mantiene viva la memoria de un sacerdote que jamás debió morir de esta forma.
