La controvertida medida del expresidente desafía la Enmienda 14 y abre la puerta a una feroz batalla legal y social.
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En un acto que promete reescribir uno de los pilares históricos de la ciudadanía estadounidense, Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, firmó este 20 de enero una orden ejecutiva que elimina la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en suelo estadounidense. La medida, que entrará en vigor el próximo mes, apunta directamente a la Enmienda 14 de la Constitución, desatando una tormenta política y legal sin precedentes.
“Estados Unidos no puede seguir siendo el único país que recompensa el ingreso ilegal con el mayor privilegio de todos: la ciudadanía”, declaró Trump durante el anuncio, realizado en un evento en Texas. Para el expresidente, esta acción es un paso necesario para frenar el “abuso del sistema migratorio” y proteger lo que llama los intereses de los “verdaderos ciudadanos estadounidenses”.
La 14 enmienda
Ratificada en 1868, la Enmienda 14 establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos”. Durante más de 150 años, este principio ha garantizado que cualquiera nacido en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres, obtenga la ciudadanía.
Sin embargo, Trump y sus aliados argumentan que los hijos de inmigrantes indocumentados no están “sujetos a la jurisdicción” de los Estados Unidos en el sentido estricto de la Constitución. Este controvertido razonamiento pretende reinterpretar el texto constitucional, pero expertos en derecho señalan que una orden ejecutiva no tiene el poder de alterar una enmienda.
El decreto ya ha generado una oleada de reacciones en todo el país. Los defensores de la medida, muchos de ellos integrantes de la base republicana, ven en esta acción un esfuerzo por reforzar la soberanía nacional y detener lo que llaman “ciudadanía de anclaje”.
Por otro lado, organizaciones de derechos humanos, abogados constitucionalistas y comunidades inmigrantes han respondido con preocupación y enojo. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) calificó la orden como “un intento descarado de reescribir la historia legal de Estados Unidos”. “Esto no solo es inconstitucional, es cruel”, aseguró un portavoz de la organización en una declaración oficial.
Para miles de familias inmigrantes, el impacto emocional y social es devastador. “Mis hijos nacieron aquí. Este es su hogar. ¿Cómo pueden decir ahora que no son estadounidenses?”, preguntó María López, madre de dos niños nacidos en Texas.
Los expertos anticipan que la orden ejecutiva enfrentará una rápida impugnación en los tribunales, llevando el caso directamente a la Corte Suprema. Allí, el fallo dependerá de una mayoría conservadora que podría cambiar el rumbo de la historia constitucional del país.
Entretanto, el decreto añade una nueva capa de tensión a un país ya polarizado por debates sobre inmigración, identidad nacional y los límites del poder ejecutivo.
El intento de Trump por eliminar la ciudadanía por nacimiento no es solo un golpe político: es un desafío directo al tejido mismo de lo que significa ser estadounidense. La batalla no se librará únicamente en los tribunales, sino también en los corazones y mentes de una nación que enfrenta, una vez más, el eterno dilema entre la inclusión y la exclusión.
