El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue detenido este lunes en la capital del estado por agentes de la Fiscalía General de la República, luego de que se ejecutara una orden de aprehensión federal por lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La captura vuelve a poner en la mesa uno de los expedientes más polémicos de la última década: un gobernador acusado de desviar millones de pesos, huir del país, ser detenido en Estados Unidos, extraditado, liberado parcialmente… y ahora, nuevamente arrestado por una investigación que lo persigue desde 2017.
Según información oficial, la orden cumplimentada hoy fue emitida desde el 16 de mayo de 2024, cuando la FGR integró nuevas pruebas sobre presuntas maniobras financieras realizadas durante su administración, en las que Duarte habría triangular recursos públicos a través de redes de empresas y prestanombres.
El exmandatario ya había enfrentado acusaciones estatales por peculado y corrupción, pero esta vez el golpe viene desde el ámbito federal. Su detención ocurre mientras llevaba una vida relativamente normal bajo libertad condicionada, pese a los múltiples cargos pendientes.
Este nuevo capítulo coloca a Duarte frente a un escenario más complejo: ahora no solo deberá responder por el desvío de recursos en Chihuahua, sino por operaciones financieras ilegales que podrían derivar en penas más severas. Se espera que sea trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano en las próximas horas.
La caída de Duarte vuelve a encender el debate sobre la impunidad, el poder político y la capacidad de las instituciones para perseguir la corrupción aun años después de que ocurre. Hoy, uno de los personajes más controversiales del PRI vuelve a pisar el banquillo, y la historia todavía no termina.
